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La cuenca alta de este río es considerada una de las reservas de vida
silvestre más grandes e inalteradas de América.
El movimiento ambientalista de Belice podría recurrir a una corte
internacional si el Consejo Privado de la Reina, en Londres, no detiene
la construcción de la represa.
"Hemos pedido al Consejo que se detengan los trabajos y se hagan
estudios técnicos serios y apropiados, porque los que sirvieron de base
para que el gobierno aprobara el contrato son totalmente defectuosos",
declaró la dirigente del frente de organizaciones ambientalistas
Bacongo, Candy González..
El Consejo Privado de la Reina -que actúa como corte de última instancia
para los países miembros de la Mancomunidad Británica- escuchó la semana
anterior los argumentos de los opositores al proyecto y los del gobierno
y de la compañía de electricidad de Belice, y emitirá una resolución
posiblemente antes de Navidad.
Si la resolución fuera adversa, el movimiento ambientalista evaluará
llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA, porque la construcción de la obra violenta la Constitución del país
y los derechos de la gente, afirmó González.
El frente de organizaciones ambientalistas, entre las que se cuenta el
Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés),
está convencido de que la represa causará un daño ambiental
irreversible.
"El Alto Macal tiene la más alta densidad de grandes gatos en el
neotrópico, incluyendo jaguares, ocelotes y pumas; constituye el único
santuario de la lapa escarlata, de la que sólo quedan unos 200
ejemplares en el país y unos 1.000 en el mundo", afirmó Cinthya Flores,
de la oficina de WWF en San José.
Un rara especie de tapir, más la rana juliani -única en el mundo- y una
amplia variedad de especies anfibias también verían su existencia
amenazada por la represa, aseguró.
Finalmente, el Alto Macal es un componente "crítico" del Corredor
Biológico Centroamericano, proyecto que busca garantizar un territorio
apto para la reproducción de numerosas especies -muchas de ellas
amenazadas de extinción- entre México y Panamá, recordó.
La represa, denominada "Chalillo", está siendo construida por la empresa
Becol, subsidiaria de la transnacional canadiense Fortis, que también es
propietaria de BEL, el único suplidor de energía eléctrica del país.
El proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental elaborado por una
firma internacional radicada en Londres, pero Bacongo asegura que la
investigación adolece de graves fallas, y desde enero de 2002 inició una
batalla legal para que se invalide.
El caso fue conocido por la Corte Suprema de Belice y por una Corte de
Apelaciones del Caribe, y finalmente presentado esta semana ante el
Consejo Privado de la Reina Isabel II en Londres.
González aseguró que no existe suficiente justificación económica para
la represa -cuyas obras preliminares se comenzaron en mayo a un costo
proyectado de 30 millones de dólares- porque no aumentará
significativamente la capacidad de generación eléctrica, ni reducirá
sustancialmente la dependencia energética del país con México.
Además, asegura que encarecerá el servicio y que un contrato suscrito
entre Fortis, el gobierno y la empresa BEL obliga a esta compañía a
comprar la energía generada por la represa Chalillo aún cuando tenga un
costo mayor que la que pueda obtenerse de cualquier otro proveedor.
El contrato concede otros privilegios "desproporcionados" a la compañía:
le exime del pago de impuestos y de responsabilidad en caso de un
eventual rompimiento del dique, o de un mal funcionamiento de la planta
por falta de agua, según Bacongo.
Además, un error "fundamental" en los estudios de viabilidad de la
compañía consiste en describir como "granito" el material en el subsuelo
de la zona de la represa, que en realidad es de un material mucho menos
sólido, agregó la organización.
"Si la represa llega a romperse, se producirá una ola gigantesca que
inundaría los pueblos ribereños de San Igancio y Santa Elena, poniendo
en riesgo la vida de sus 12.000 habitantes y causando enorme
destrucción", aseguró González.
Por otra parte, desde que comenzaron los trabajos se ha detectado
mercurio en los peces del río, consumidos por los pobladores con grave
riesgo para su salud, afirmó.
Los ambientalistas argumentan que Belice, un pequeño país de 22.965 km2
y apenas 250.000
habitantes, vive fundamentalmente del turismo ecológico y que la
destrucción de su patrimonio
natural pondría en peligro su principal fuente de ingresos.
San José
Con AFP
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